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Opinión: Universidad de Guayaquil post Comisión Interventora

Dr. Cesar Bravo Bermeo

Después de más de 30 años de olvido, aislamiento, despojo, atropello y muchas más acciones violentas contra la Universidad de Guayaquil (UG), un amplio sector de la comunidad comprometida con su destino había llegado a la conclusión: el centro universitario más grande del país perdería su condición de tal de no someterla a un proceso de restructuración y reforma venido del exterior, habida cuenta que propuestas e intenciones de cambios originados en su interior no eran posibles. Nunca se iban a dar. La explicación era muy simple, un sector minoritario de sus integrantes con absoluta carencia de espíritu universitario, sin rastro alguno de orgullo personal por pertenecer a la institución académica de mayor peso histórico de la sociedad ecuatoriana, de espalda a sus deberes y responsabilidades, había promovido la desorganización, primero, para acto seguido ponerla al servicio de sus intereses mezquinos y no en pocos casos perversos. La mal entendida autonomía universitaria fue el escudo protector que amparó la no rendición de cuentas. Cada grupo, grupillo o incluso individuos tenían y defendían espacios de poder. En esos espacios de poder se mercantilizó y degeneró la educación. Todo era posible en los claustros. Estado de independencia absoluta en lo administrativo y académico. Indefensión total de los estudiantes. Cuesta aceptar que la indolencia,  el oportunismo y la codicia impidieran la permanencia en las aulas o la culminación de sus carreras a los estudiantes más pobres por las cargas económicas abusivas e ilegales impuestas. Perturba y avergüenza el estado de connivencia entre docentes y discentes regulado por concesión de favores. Tal el desacato, la torpeza, la obnubilación que se pasó por alto la Constitución y su ley que dictamina la gratuidad de la enseñanza, incluido el nivel superior, comportamiento que nos recuerda aquel Presidente díscolo que calificó a algunos que lo merecían como “entontecidos por el dinero”. Pero, aquí es necesario resaltar que “cualquiera” puede llegar a esa condición, jamás alguien que se precie de ser docente universitario. Páginas y libros de varios tomos podrán
contener este periodo oscuro de ofensas a la Universidad de Guayaquil y quienes las cometieron, consecuentemente, permanecerán en el tacho sucio que la Historia reserva a los funestos. Le queda a las actuales y futuras generaciones acometer el desafío de recuperar el tiempo perdido de producción científica, social y humanística de la eterna y libérrima UG. Y, si la intervención era necesaria para iniciar el nuevo rumbo queda el desasosiego en los ámbitos universitarios de no tener hasta ahora, cerca de cumplirse el plazo de ejecución, la información irrefutable y la evidencia incontrastable de que cumplieron a cabalidad su misión. El mayor y más grave error de la Comisión Interventora, hay que señalarlo, ha sido el haber establecido brechas infranqueables y el no haber socializado en su momento los avances y corrección de errores con los más interesados, la comunidad universitaria. Más allá de las turbulencias inveteradas que condujeron a la triste y vergonzosa ubicación asignada en el ranking con justificada razón -hecho que nos estigmatiza y pone en riesgo como la necesaria intervención, los docentes debemos tener la voluntad y la determinación de procurar el cambio, de empezar el cambio por nosotros para que cambie el resto. Debemos iniciar y liderar una revolución moral y cultural unida a las ciencias que nos permitan cumplir con el compromiso de vida adquirido, honrar a la noble y acogedora UG.

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